Como ya adelantamos desde el SIP el pasado 1 de mayo, día del trabajador, el personal sociosanitario extremeño se encuentra cada vez más incómodo en sus empleos, no solo porque trabaja en condiciones laborales cada vez peores, sino, sobre todo, porque se ven incapaces de ofrecer a la ciudadanía el servicio que pagamos todos con nuestros impuestos.
También publicamos el 28 de abril nuestro apoyo a la huelga de médicos, en lo que se refiere a sus demandas de condiciones óptimas para dar un servicio adecuado a la ciudadanía. Esta huelga sigue en pie y corre en paralelo a las demandas de otros profesionales del sector, lo que evidencia que hay un problema grave que la Administración Autonómica se resiste a plantearse.
Ya advertimos el 26 de abril sobre la inercia de la Junta de Extremadura hacia la privatización de la sanidad, que se encuentra en el origen de gran parte de los problemas, puesto que significa, en la base, una transferencia de recursos públicos provenientes de la carga fiscal a la ciudadanía, hacia empresas privadas que priorizan sus beneficios.
El 11 de abril ya concretamos nuestra denuncia de las condiciones en las que se encuentra el SEPAD, sin duda uno de los centros directivos en peores condiciones en el ámbito de la Junta de Extremadura. Y el 21 de marzo resumimos el Barómetro Sanitario 2025, que demuestra el progresivo deterioro del sistema de salud regional.
Nos hemos hecho eco también de las quejas particulares de los Técnicos en Cuidados de Enfermería, que denunciaron en marzo humillaciones en sus atribuciones funcionales. O las quejas en febrero del personal de la residencia La Granadilla al raíz del incendio que sufrieron las instalaciones, y de las personas dependientes que esperan atención. Ese mismo mes apoyamos a la plataforma de celadores y celadoras en sus reivindicaciones. En enero también nos solidarizamos con las imprescindibles exigencias de la Unión Ciudadana para la Mejora de las Residencias (UCMR).
Esta semana comenzaba con el personal de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital universitario de Badajoz concentrado en sus puertas. Sus palabras sonaban conocidas: profesionales incapaces de asumir la carga de trabajo de unas ratios por paciente que son insostenibles; empleados públicos a los que llaman en su tiempo libre y que a veces no pueden parar ni para ir al baño; equipos que, en fin, sufren tanto por la imposibilidad de atender los servicios como merecen, como por unas condiciones laborales muy lejos de las necesarias para desarrollar su trabajo.
El SIP seguirá trabajando para la mejora de los servicios públicos y denunciando el progresivo deterioro del Estado de bienestar en Extremadura.
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