El 1 de septiembre puede ser una fecha clave en la convocatoria de una huelga general indefinida del personal médico que también afectaría a Extremadura.
El pasado mes de abril, el SIP apoyó las movilizaciones planteadas por nuestros colegas empleados públicos de Sanidad, en relación con cuestiones que nos parecen básicas para cualquier trabajador: la racionalización de la jornada semanal (también en lo que tiene que ver con las guardias y la jornada máxima continuada), la sobrecarga asistencial y la falta de personal (problemas interrelacionados) o el abuso de la temporalidad.
Eran y son razones más que suficientes para apoyar a un colectivo esencial en nuestra sociedad y que debe tener los mismos derechos que los demás funcionarios.
Sin embargo, durante los últimos meses se han producido algunos avances que los sindicatos médicos deben tener en consideración, aunque no sean suficientes: medidas compensatorias del exceso de jornada, disminución del máximo de horas para las guardias aunque sigue siendo excesivo y reconocimiento por escrito de la sobrecarga asistencial, que es el primer paso para buscar soluciones negociadas. Incluso se han puesto límites a la movilidad forzosa. Es verdad que aún hay margen de mejora en estos aspectos, y sin duda que los sindicatos deben seguir manteniendo movilizaciones y negociaciones para ello.
Sin embargo, la huelga indefinida hace un daño social incalculable que debe compadecerse con el margen de mejora laboral, y no creemos que sea el caso. Sobre todo cuando algunas de las reivindicaciones que se esgrimen como base fundamental de la huelga son las más discutibles por parte de otros empleados públicos y de la ciudadanía en general: que los titulares de jefaturas puedan simultanear su trabajo con la empresa privada (cuando lo discutible es que lo puedan hacer los demás), un quinto grado adicional de salario en su carrera profesional (lo que profundizaría la discriminación ya existente con Administración General), un Estatuto propio (que es visto como clasista incluso por sus compañeros del colectivo Movimiento Asambleario de Trabajadoras-es de Sanidad, Mats) o una jubilación flexible sin penalizaciones hasta los 70 años (que entra en contradicción con su solicitud de un amplio complemento salarial por penosidad). Todas estas reivindicaciones llevarían a los médicos a un estatus salarial disparado sobre el Grupo A que es el mejor remunerado de Administración General, y son vistas por la mayor parte de la ciudadanía como un intento de colocarse en una posición privilegiada del escalafón profesional respecto al resto de trabajadores, aunque todos los demás también somos tan o más imprescindibles que los profesionales médicos.
Una huelga médica general indefinida es algo suficientemente serio como para condicionarla a este tipo de reivindicaciones. Los médicos deben seguir peleando por su bienestar laboral en los asuntos que hemos apuntado, relativos a horarios, jornadas y descansos que reviertan en un mejor servicio a los usuarios y en calidad de vida para los empleados públicos, pero deben limitar el daño a la ciudadanía en un aspecto tan sensible como su salud, graduando sus demás pretensiones al avance de toda la Función Pública en conjunto.
El SIP no ha apoyado nunca, ni apoya ni apoyará la existencia de privilegios en ningún ámbito laboral.
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