Suciedad evidente en múltiples dependencias. Falta de personal hasta el punto de que hay ocasiones en que no se puede encontrar a nadie limpiando. Continuos cambios de ubicación porque no existe plantilla suficiente. Sin papel higiénico en los baños. Aseos desatendidos de los que se quejan los usuarios. Cristales que llevan años sin limpiarse. Pelusas por el suelo. Retraso en la disponibilidad de las adaptaciones debida a las carencias de limpieza. Trabajadores de limpieza sin preparación suficiente por falta de supervisión de la empresa adjudicataria.
Estas y otras son las evidencias de un sistema fallido de privatización de los servicios de limpieza, no solo de los hospitales públicos, sino de todas las dependencias de la Junta de Extremadura. Sencillamente: los centros de trabajo están SUCIOS. Y eso no solo afecta a la estética, sino también a la salud de empleados públicos y usuarios, y en ocasiones, al propio funcionamiento del servicio, como apuntan los trabajadores sanitarios que explican cómo el retraso en el uso de las habitaciones se debe en ocaciones al retraso en la limpieza de las mismas.
Esto pasa siempre que se privatiza algo: las empresas no tienen como objetivo prioritario el bienestar de trabajadores ni usuarios, sino la maximización de beneficios. Por eso hay los menos trabajadores posible, los menos medios posible y las menos horas de limpieza posible. Si a eso se le suman los recortes presupuestarios de la Administración, que provoca cada vez con más frecuencia la renuncia de las empresas a concursar por precios imposibles, la tormenta perfecta está servida.
Los responsables políticos están destrozando el Estado de bienestar, que es de lo poco digno que nos quedaba en España. Esa es la realidad, ante la cual resulta inexplicable la parálisis de los sindicatos mayoritarios y nacionales, que no se sabe muy bien a qué se dedican mientras todo esto ocurre.
Las quejas de los trabajadores de la sanidad extremeña sobre la limpieza ya se recrudecieron el pasado mes de mayo, cuando la empresa adjudicataria puso como excusas la presión asistencial y el absentismo de su propios trabajadores, como si fueran explicaciones suficientes para justificar un mal servicio. Incluso tuvo que reconocer que estaba siendo investigada por la Inspección de Trabajo.
¿Qué ha hecho la Junta de Extremadura desde entonces? Nada, que se sepa, más allá de asegurar que se reúne con la empresa periódicamente. Increíble, pero cierto.
La popuesta del SIP es clara: terminar con la privatización de la limpieza en toda la Junta de Extremadura, internalizarla, y dotarla de una supervisión directa por parte de la Administración regional.
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