La Junta vuelve a resistirse a abonar trienios consolidados a pesar de que el SIP ya le ganó esa batalla en el Supremo


No deja de asombrarnos cómo los responsables públicos juegan con el dinero que es de todos. Desde 2020, el Sindicato Independiente Progresista (SIP) comenzó una cruzada para que la Junta de Extremadura abonara correctamente los complementos de antigüedad (trienios), al personal laboral que había sido funcionarizado. Lo que hacía la Junta era comenzar a pagar a esos empleados públicos todos los trienios como personal funcionario, lo que repercutía en una pérdida económica. 

La Junta se gastó el dinero que es de todos en recurrir varias sentencias desfavorables, y llegó incluso al Tribunal Supremo (TS), donde la alta magistratura se puso de parte de las razones del SIP, dejando claro que los trienios consolidados como personal laboral debían ser abonados ya siempre como tal. Esa derrota en el TS se produjo el 19 de febrero de 2024. 

Desde el 13 de mayo de 2024 le venimos pidiendo a la Junta que regularice de oficio en todos los casos afectados, de manera que ningún trabajador se quede sin recuperar su dinero. Aquel día se lo pedimos en reunión personal a Abel Bautista, y el 16 de diciembre de 2024 lo hicimos por escrito a Dirección General de Función Pública. De momento, se siguen resistiendo a hacerlo. 

Nosotros hemos seguido trabajando, y recuperando cantidades, una de las más altas, cercana a los 6.000€, en diciembre de 2025. 

Sin embargo, la Junta no solo no ha corregido esta situación para todos los empleados públicos, sino que está volviendo a cometer el mismo error, que ya solo puede denominarse negligencia, con los empleados públicos laborales que han sido estabilizados como funcionarios, y a los que se les debe aplicar el mismo criterio, como ya advertimos en mayo de este año. 

El pasado 7 de julio reclamamos a Función Pública que regularizase de oficio los salarios de todos estos trabajadores, y les enviamos, además, un caso concreto para que fuera corregido cuanto antes. Sin embargo, volviendo a las andadas de 2021, y con una sentencia del TS firme y desfavorable, no solo no actúa, sino que vuelve a recaer en el silencio administrativo. 

¿Habrá que volver a los tribunales para que la Junta vuelva a gastar el dinero de todos en volver a perder? Y si es así, ¿no existe ningún delito en esa actitud?


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