Como ya sabíamos cuando decidimos impugnar las elecciones sindicales en la Junta de Extremadura, el proceso está teniendo mucha utilidad, independientemente de cuál sea el resultado.
Uno de los aspectos más interesantes es que está sirviendo como test para conocer cuál es el estado de la habitual connivencia entre los sindicatos mayoritarios y nacionales con la Administración. En la reunión previa al laudo de la provincia de Badajoz, celebrada esta misma mañana, ha quedado claro que esa connivencia se encuentra en perfecto estado de revista.
De hecho, los argumentos esgrimidos contra nuestra impugnación, por parte de los sindicatos mayoritarios y de la Junta de Extremadura, han sido exactamente calcados. Como si hubieran compartido un documento entre ellos previamente.
La gravedad de este hecho es mucho mayor de lo que pueda pensarse. No se trata solo de que los viejos sindicatos se ponen de acuerdo entre ellos para imposibilitar que nuevas organizaciones puedan representar a los trabajadores. Va más lejos: se unen a la patronal, la Junta en este caso, para defender intereses completamente ajenos a los de los empleados públicos.
El SIP tiene más claro que nunca cuál es el lugar qué debe ocupar en el sistema sindical extremeño, carente de democracia sindical y de garantías jurídicas para defender los derechos de los trabajadores. Y ese papel es el de la denuncia de las irregularidades, la de hacer pedagogía sobre el contexto en el que debemos desempeñar nuestro trabajo y, en fin, la de combatir todas y cada una de las batallas necesarias para alumbrar un modelo completamente distinto.
Por eso hemos impugnado las elecciones y por eso no vamos a ceder ni un milímetro en nuestras exigencias junto, por supuesto, al apoyo diario a los empleados públicos en todo lo que necesiten.
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