Desde el pasado 23 de octubre está vigente la Ley 4/2026, de 1 de octubre, por la que se modifican:
- El Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
- La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal.
Dicha ley, en su disposición adicional segunda, establece como requisito para trabajar con personas con discapacidad o dependientes acreditar mediante sendos certificados:
- Que la persona trabajadora no se encuentra en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.
- Que la persona trabajadora no se encuentra en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y de Género.
Como es habitual, la Junta de Extremadura, lleva incumpliendo esta ley desde hace casi un mes. Su incapacidad de gestión, su irresponsabilidad y su imprevisión son marcas de la casa. Ahora, tarde y mal, intentan cumplirla con la habitual desorganización del SEPAD: en algunos centros se les pide a los trabajadores que firmen una simple autorización para que la Junta recabe los certificados, mientras que en otros se les exige a los trabajadores que realicen ellos toda la gestión.
En estos últimos, nuevamente, la Junta incumple la ley. Según la disposición adicional quinta del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, «las Administraciones Públicas, salvo oposición de la persona interesada, deberán obtener la certificación negativa del Registro Central de Penados y del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos a través de la Plataforma de Intermediación de Datos». Así es también en el caso del segundo certificado, según el artículo 16.c) de la misma ley.
Es comprensible que la Junta de Extremadura quiera ahorrarse el trabajo que le corresponde hacer y descargarlo, como siempre, en los trabajadores; es comprensible también que se deje llevar por su inercia de incumplir la ley. Pero los empleados públicos deben saber que no tienen por qué realizar esas gestiones, y que pueden invocar estos preceptos legales para que la Junta de Extremadura haga su trabajo.
Quizá algún día consigamos que en todos los centros del SEPAD se apliquen los mismos criterios para todo. Y que los sindicatos de las Mesas hagan también su trabajo.
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