En enero de este año ya fuimos el único sindicato en llamar la atención sobre la posibilidad de acceder al Canal de Denuncias de la Junta de Extremadura a través del Portal del Empleado. Y está bien que lo hiciéramos. Porque en aquel momento había un acceso directo a dicho Canal y los responsables de la Junta han decidido retirarlo.
La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR), que coordina en España el proyecto VoiceGuard: Whistleblower Empowerment & Support Initiative, financiado por la Unión Europea (UE) para ayudar a las instituciones a aplicar estrictamente la normativa Europa sobre protección del informante de ilegalidades e irregularidades, así como de su transposición nacional. La FIGBAR ha impartido un curso los días 15 y 16 de septiembre, en la que han participado más de una veintena de responsables de entidades españolas. El secretario general del SIP ha sido el único participante extremeño en este programa.
La UE promulgó la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, que se traspuso en España en la Ley 2/2023 reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. En Extremadura se legisló con el Decreto 116/2024, de 17 de septiembre, por el que se establece y regula el Sistema interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se modifica el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura aprobado por Decreto 206/2010, de 12 de noviembre.
Como se puede ver en las fechas, España llega cuatro años tarde tras la aprobación de la normativa europea, hasta el punto de que la Comisión Europea tuvo que abrir un proceso de infracción. Es una de las debilidades españolas que se han analizado durante las jornadas de la FIGBAR, junto a otras como que en la actualidad solo el 40% de las entidades locales y el 10% de las PYMES cuentan con el obligado canal interno de información. Pero ya existe la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), que puede sancionar hasta con un millón de euros, por ejemplo, por la ausencia del canal interno, y que está a disposición de cualquier ciudadano.
Desde que el SIP informó en enero sobre la existencia del obligado canal del informante, apenas transcurrió mes y medio hasta que la Junta lo ocultó. Como se puede observar en la captura que ilustra esta noticia, el 13 de enero de 2026 el Canal contaba con el acceso directo que anunciábamos en su día, y que hoy ha desaparecido, sustituido por el acceso directo a Transparencia, que, a su vez, contiene otros doce accesos directos entre los que, a día de hoy, tampoco se encuentra el Canal de Denuncias. En el buscador de la Junta de Extremadura no aparece ningún resultado por «Canal de Denuncias». En el buscador del Portal del Empleado, tampoco. Hay que salir de la red de la Junta y utilizar un buscador independiente para encontrarlo.
La Junta ha ocultado deliberadamente el Canal del Informante.
El SIP pondrá en conocimiento de todas las instancias necesarias estos hechos, y exigirá por escrito a la Junta de Extremadura las medidas necesarias para que todos los miembros de su organización, es decir, todos los empleados públicos, conozcamos la existencia del Canal y su forma de uso.
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