En esta octava entrega del análisis del pacto de gobierno PP-Vox que ha dado lugar a la actual legislatura extremeña, llegamos al punto 9 sobre familia, natalidad y demografía (página 21 del acuerdo), que consiste, básicamente, en regalos fiscales sin discriminación de renta.
Lo que se propone aquí es promover rebajas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento y adopción de hijos (de hasta 8.100€ por tres hijos, por familia y en tres años), por adquisición de material escolar para «aliviar la carga económica de las familias españolas y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación», además de un conjunto indeterminado de «rebajas fiscales» asociadas al futurible desarrollo de una «nueva ley de familia» que se aprobaría antes de final de 2028.
En ninguna de las medidas propuestas se detalla que estén asociadas a la renta de los solicitantes. Eso significa que se concederían sin discriminación de renta, es decir, igual a ricos que a pobres. Siguiendo el ejemplo de 8.100€ por tener tres hijos durante los tres primeros años tras el nacimiento, le llegarían igual a una familia que tiene ingresos de un millón de euros al año y a otra cuyos miembros están en el paro. Eso es lo que hace que, en los casos de las familias privilegiadas, les podamos llamar regalos fiscales más que rebajas fiscales.
Son medidas perfectamente defendibles para familias sin recursos, con rentas bajas e incluso medias si su patrimonio no es elevado, pero no es admisible que se les regalen recursos que son de todos a familias que no los necesitan. Al contrario de lo que afirma el texto del acuerdo, ese tipo de ayudas no solo no ayudan a la igualdad de oportunidades, sino todo lo contrario.
Este es un perfecto ejemplo de cómo debilitar los servicios públicos y el Estado de bienestar (lo que afecta también, por supuesto, al empleo público y a las condiciones en las que se desempeña ese empleo): regalar dinero a quien no lo necesita a costa de disminuir los recursos públicos que se ingresan para construir y sostener todo aquello que requieren más quienes menos ingresos tienen.
En la línea de todo lo visto hasta aquí en este análisis del acuerdo PP-Vox, se trata de una transferencia de recursos públicos de las clases medias y bajas a las clases altas y a las empresas. Un ataque a la solidez del Estado de bienestar, al funcionamiento de la Administración y a la calidad de los servicios públicos.
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