En la tarde de ayer, el SIP informó a la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia que llevará a Inspección de Trabajo las graves incidencias de altas temperaturas que se sufren en los centros residenciales del SEPAD desde el comienzo del verano. El sindicato ha hecho todo lo posible para no llegar a este punto, pero la actitud de la Junta de Extremadura ha sido del todo inaceptable.
El domingo 21 de junio, ante las varias denuncias desde distintos centros residenciales, el SIP envió un requerimiento a la consejera y a la gerente del SEPAD pidiéndoles medidas urgentes e información sobre la ejecución presupuestaria prometida por parte de la Junta en materia de climatización.
Ante la falta de respuesta, una semana después, el domingo 28 de junio, nos dirigimos al director general de Función Pública como máximo responsable de Prevención de Riesgos Laborales para que interviniera. Tampoco obtuvimos respuesta ni se tomaron medidas adicionales a las escasas que se habían llevado a cabo la semana anterior.
Durante la primera semana de julio recibimos varias comunicaciones desde el gabinete de la Consejería, pero sin compromiso alguno de solución ni información adicional relevante. Apenas si nos trasladaron lo que ya habían expresado a los medios de comunicación: subrayar el mal estado en que se encontraron los centros y las muchas promesas de inversión, pero sin calendario ni concreciones. Se nos remitió, finalmente, a que solicitáramos información por la vía del derecho de acceso a la información pública. Una pobre respuesta ante un grave problema de salud pública que incluye la vulneración constante de los derechos de los trabajadores.
De ahí que les tuviéramos que comunicar ayer que solo nos queda la opción de pedir a la Inspección de Trabajo que intervenga. Esperemos que no tomen también el camino de la innhibición.
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