La realidad se impone siempre a los relatos, y, una vez más, un trabajador de un centro de menores en Extremadura ha terminado en el hospital, mientras la Junta sigue sin querer coger el toro por los cuernos y asumir amplios cambios estructurales en la gestión de estos centros. Esta vez ha sido un vigilante de seguridad en el centro de medidas judiciales Marcelo Nessi (Badajoz), el pasado viernes 17 de julio.
El 19 de enero de 2024, el actual secretario general del Sindicato Independiente Progresista (SIP), en reunión con Dirección General de Función Pública, puso ya de manifiesto la gravedad de la situación en los centros de menores, ante lo que aseguraron «no conocer el tema en absoluto y estar enterándose» por el SIP. Nos conminaron a tratarlo con la consejería correspondiente.
El 1 de abril de 2024, el SIP envió una carta a la entonces secretaria general de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, María Teresa Angulo Romero, que es hoy directora general de Cuidados y Vida Autónoma, y a la secretaria general de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, María del Pilar Nogales Perogil, que sigue ocupando el mismo cargo, hoy en la renombrada Consejería de Salud y Atención a la Dependencia. En el escrito, detallábamos que los cambios sociales y de perfiles de los menores que llegaban a los centros estaban desacompasados respecto a la parálisis de la Administración, y que, como consecuencia, existía para los trabajadores un riesgo real y cotidiano de agresiones; unos trabajadores física y psicológicamente exhaustos, que se enfrentan a diario a casos inabordables, de manera que los centros han dejado de ser de protección y cuidado para ser de reclusión y contención. Lanzábamos un mensaje de auxilio en nombre de los trabajadores y solicitábamos una reunión para tratar el tema.
El 13 de mayo de 2024, en nueva reunión, esta vez con Abel Bautista Morán, entonces consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, y hoy vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, nuestro secretario general puso el tema nuevamente sobre la mesa, proponiendo que los educadores fueran reconocidos como autoridad en los centros. Encontramos algo más de sensibilización pero predominaba en el discurso la idea de que se habían encontrado con muchos problemas de gestión y se necesitaba tiempo para resolverlo todo. De esto hace ya más de dos años.
Recibimos respuesta, a pesar de la urgencia que se expresaba en la carta del 1 de abril, el 5 de junio, más de dos meses después, en la que no se hacía mención a la reunión solicitada y se despejaba el balón con frases como «las demandas realizadas por parte del personal se han ido atendiendo bien a través de gestiones directas o bien a través de otras entidades implicadas», lo cual, por supuesto, era absolutamente falso.
Menos de un año después, fue asesinada María Belén Cortés Flor, el 9 de marzo de 2025, en un piso de menores tutelados, en el número 3 de la calle Castillo de Benquerencia, en Badajoz. El SIP contribuyó a poner en marcha el Grupo de Acción Social y Sindical, que lleva funcionando desde el 12 de marzo de 2025 y que se presentó oficialmente el pasado 9 de marzo de 2026 en Mérida.
Fue en ese ámbito en el que propusimos la concesión de la medalla de Extremadura para Cortés Flor, que pudo llevarse a cabo gracias a todas las entidades que conforman el Grupo y gracias al liderazgo del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura (COPESEX). Propuesta que no fue atendida por la Junta de Extremadura y que se ha vuelto a realizar este año.
Pero lo más importante que se ha llevado a cabo en el seno del Grupo de Acción Social y Sindical al que pertenecemos es una amplia propuesta de medidas para garantizar la seguridad y las mejores condiciones de trabajo en los centros, que, en su amplia mayoría, han sido desatendidas. Entre ellas, crear una mesa de trabajo técnica, cumplimiento estricto de la legislación en Prevención de Riesgos Laborales, derivación de menores con determinados perfiles a otros recursos sociales, dotación suficiente de personal, implementación de medios tecnológicos adecuados al contexto de los centros, incorporar canales comunicativos eficaces entre los profesionales y Fiscalía, y un largo etcétera.
El SIP propuso desde el principio, en el seno del Grupo de Acción Social y Sindical, que se dejara abierta una vía para estudiar la responsabilidad de la Junta de Extremadura en el asesinato de Cortés Flor, pero se descartó pronto esta propuesta. Por nuestra parte, el 4 de noviembre de 2025 entregamos a Fiscalía toda la información de la que tenemos conocimiento, y que nos parece que debería dar lugar a una investigación para esclarecer esa responsabilidad. No se trata de buscar culpables solamente, se trata de que quede claro, como para nosotros es evidente, que los trabajadores están sometidos a elevados riesgos para su salud y para su vida, por la mala gestión de los centros y los recursos públicos.
Por nuestra parte, hemos hecho y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. Nos hubiera gustado plantear esta cuestión en las Juntas de Personal (verdaderos órganos de representación de los empleados públicos), a las que pertenecemos, pero, por ejemplo, la de Cáceres no se reúne hace casi una década, asunto que está en Inspección de Trabajo y que llevaremos pronto a los tribunales. No estamos en las Mesas de Negociación, y desconocemos por completo lo que en ellas hacen CSIF, UGT, CCOO, SGTEX y USO, porque sus reuniones carecen de transparencia y cuando hemos pedido información al respecto, no se nos ha facilitado, asunto que elevaremos también a las autoridades competentes.
El SIP ha exprimido todos los recursos a su alcance para colaborar en resolver este gravísimo problema que aqueja a los centros de menores de Extremadura, pero ni nos rendimos ni vamos a resignarnos a que no se pueda hacer nada más para proteger la vida de los trabajadores.
La pregunta inquietante que cabe hacerse, respecto a los responsables políticos es: ¿qué más tiene que suceder, después de ser asesinada una trabajadora hace año y medio, y de continuar las agresiones constantes? ¿Qué más debe pasar para que actúen con urgencia y diligencia?
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