El pasado 14 de julio, el colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) hicieron público un comunicado en el que denunciaban el trabajo al límite que llevan desarrollando mucho tiempo en el Centro Residencial El Cuartillo, más conocido en Cáceres como Residencia Asistida.
El argumento principal coincide con uno de los aspectos que el SIP destaca en su tríptico dedicado al SEPAD y publicado ayer: la carencia crónica de personal que obliga a un constante sobreesfuerzo de los empleados públicos. Tal como denuncian los trabajadores, esta situación, ya complicada de manera permanente, se agrava cuando ni siquiera se llegan a cubrir vacaciones o bajas médicas.
Como ya ha expresado el SIP en ocasiones anteriores, lo del SEPAD no se arregla con parches. Sufre de graves problemas estructurales, tanto en el mantenimiento de las instalaciones como en la dotación de personal suficiente para los servicios. Y eso, hablando de centros orientados a la atención de personas, acaba afectando a los propios usuarios, como bien afirman los trabajadores de El Cuartillo en su comunicado: «En centros que apuestan por un modelo de libre sujeción ¿tanto física como química¿, la falta de personal impide dar el apoyo y la vigilancia constante que este sistema requiere, provocando que los residentes no reciban los cuidados que se merecen. Sin manos suficientes, es imposible garantizar un cuidado digno y seguro».
Hace tiempo que en los centros del SEPAD los empleados públicos renuncian a su tiempo libre y a su propio bienestar para poder sostener los servicios. Algo que debe cesar definitivamente.
Ante esta situación, es sangrante lo que podíamos leer ayer en un medio de comunicación: «algunas trabajadoras afiliadas a UGT trasladaron la situación al sindicato, con la intención de estudiar convocatoria de una concentración a las puertas de la residencia para denunciar las condiciones laborales y la falta de cobertura de la plantilla. Sin embargo, asegura que la respuesta recibida fue que el sindicato apuesta por mantener el diálogo con la Administración y que, si finalmente se convocan movilizaciones, deberán ser promovidas por las propias trabajadoras». Es necesario que los empleados públicos se expresen con esta sinceridad, para que sea público y notorio que los sindicatos nacionales y mayoritarios han abandonado hace décadas a los trabajadores, y solo trabajan por sus propios intereses como organizaciones.
El SIP está comprometido en que se deje mirar para otro lado en todos los problemas crónicos que se sufren en estos centros de trabajo públicos, y no vamos a resignarnos ni conformarnos con este maltrato a los trabajadores.
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