El pasado 11 de junio, dimos a conocer los planes privatizadores de la Junta de Extremadura respecto al sistema de dependencia, que ya se encuentra en gran parte privatizado. Informamos de la enorme inquietud de las familias, alguno de cuyos representantes contactó con nosotros al sentirse abandonados por las instituciones y los sindicatos mayoritarios, por lo que son algo más que rumores sobre el posible vaciamiento progresivo de los Centros de Atención a la Discapacidad de Extremadura (CADEX).
Como resultado de nuestras investigaciones y del contacto con las familias, se mostró imprescindible conocer alguna información pública adicional que la Junta de Extremadura está tomando gran interés en esconder. Concretamente, el número total de usuarios de los CADEX, desglosados por categorías y provincias, junto a otros datos. Nuestro secrertario general, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, solicitó a la Junta de Extremadura los datos, pero, incumpliendo la legalidad, no los ha facilitado.
Tuvimos que reclamar ante el órgano nacional que se encarga de vigilar estos incumplimientos de la legalidad en materia de información pública, el Consejo de Transparencia, que, pasadas unas semanas, nos pidió complementar la información para continuar con la denuncia.
Eso ocurrió ayer, cuando ampliamos el expediente según el requerimeinto del Consejo, y quedó preparado para resolución, que esperamos sea estimatoria, y obligue a la Junta a dar la información que con tanto empeño oculta.
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