Desde 2022, el Sindicato Independiente Progresista (SIP) viene denunciando la discriminación evidente que existe en el ámbito de la Junta de Extremadura, entre empleados públicos de Administración General, y el personal docente y sanitario. Una discriminación en la que profundizó el acuerdo de Gobierno PP-Vox, como dejó claro María Guardiola en su investidura.
Esa discriminación se produce en muchos ámbitos, y también en el salarial. Dado que ninguno de los grandes sindicatos mayoritarios y nacionales movía ficha en serio sobre este tema, y el SIP se encontraba maniatado por el bloqueo de las Juntas de Personal (denunciado en inspección de trabajo) y por la vulneración de derechos fundamentales por la que la Junta fue condenada por el TSJEX, colectivos de trabajadores independientes fueron tomando la iniciativa.
El SIP apoya desde su mismo nacimiento tanto a EQUIPAGEX (febrero) como a CTSAGEX (junio), e impulsó una serie de reuniones con los grupos parlamentarios que animaron el debate político al respecto.
En ese contexto, la Junta de Extremadura se vio obligada a anunciar pasos en la dirección de solventar esta evidente discriminación, aunque ya anunciamos en su día que el contexto político y sindical hace que el anuncio suene más bien a propaganda. La excusa de los límites presupuestarios se viene abajo cuando un ayuntamiento del PP, el de Plasencia, acaba de aprobar una subida de 300€ mensuales a toda su Policía Local, medida más que justa que se ha hecho firme tras el veredicto de la Comisión Jurídica de Extremadura. El SIP lo ha dicho siempre: cuando se quiere, hay dinero.
Esta misma semana nos hemos puesto en contacto por escrito con CTSAGEX y EQUIPAGEX para animarles a continuar con sus reivindicaciones, y para confirmar el apoyo del SIP en todo lo que conduzca a hacerlas realidad. Aunque la Junta de Extremadura y todos los demás sindicatos se han visto obligados a asumir que este es un problema que hay que abordar, somos bastante escépticos sobre que esa voluntad se mantenga más allá de enero de 2027. El SIP estará ahí hasta que las subidas salariales en Administración General sean un hecho, alcanzando la equiparación regional, nacional y la revalorización necesaria tras la pérdida de poder adquisitivo durante décadas.
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