Tal como os informamos el pasado 26 de mayo, el SIP solicitó hace tres meses, con la fundamentación más sólida con que se ha hecho hasta ahora, detalle de las funciones de los empleados públicos en la Junta de Extremadura.
La Junta no solo se niega a certificar las funciones de unos empleados públicos frente a otros a los que sí se las certifica, incurriendo en el incumplimiento flagrante de la ley, sino que además obliga a miles de empleados públicos, a diario, a realizar funciones que nos les corresponden sin valorarlas salarialmente como corresponde.
Nuestra solicitud del pasado mes de mayo era muy amplia, al tiempo que muy concreta y con fundamentos jurídicos irrebatibles. Como es habitual, la Junta de Extremadura no ha contestado en plazo, y ahora se abre un segundo plazo de quince días para que nos certifique su silencio administrativa.
El SIP envió ayer una carta a la Dirección General de Función Pública que debe enviarnos ese certificado en plazo, y le recordó que la Junta ya fue condenada por vulneración de derechos fundamentales en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), comunicada el pasado 30 de octubre.
Ya lo sabéis: el SIP no se rinde, ni utiliza los temas como bandera electoral o táctica oportunista: los planteamos en serio, los fundamentamos jurídicamente, les hacemos seguimiento, y los llevamos hasta el final. Si un tema tiene base jurídica real, el SIP lo terminará ganando, como ya hemos ganado en ocasiones anteriores . Y este la tiene.
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