Llevábamos esperando este momento desde octubre de 2025. Ha hecho falta casi un año y varios impulsos de nuestro equipo jurídico y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) que había condenado a la Junta. Ha habido que esperar a septiembre de 2026 para que sus dirigentes agachen la cabeza y se comprometan a cumplir una parte sustancial de la condena del TSJEX por vulnerar los derechos fundamentales del Sindicato Independiente Progresista (SIP). La sentencia había sido comunicada el 30 de octubre de 2025.
El pasado 13 de agosto tuvimos que exigir por tercera vez que se cumpliera la sentencia condenatoria, y, bajo amenaza del TSJEX de multas coercitivas y consecuencias penales (ver imagen), por fin la Dirección General de Función Pública se puso en contacto con el tribunal para comunicar los primeros pasos oficiales del cumplimiento de sentencia: confirmando el reconocimiento de crédito sindical que estuvo bloqueando durante dos años y concediendo los obligatorios locales sindicales en Cáceres y Mérida.
Si embargo, todavía no ha concretado la cesión del local que nos corresponde en Badajoz, y también se niega, con excusas peregrinas, a concedernos la posibilidad de comunicarnos por correo electrónico con los empleados públicos, tal como ocurre ya en otras Administraciones Públicas, y como la jurisprudencia obliga.
Estamos a la espera de que la magistrada muestre su postura ante este incumplimiento parcial de la sentencia. El SIP agotará todos los recursos para defender sus derechos y, después, para demostrar jurídicamente que lleva cuatro años fuera de juego sindicalmente porque la Administración Regional, en connivencia con el sindicato mayoritario, así lo ha querido, atacando la libertad sindical, vulnerando nuestros derechos fundamentales y, por supuesto, los derechos de los trabajadores.
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