El Sindicato Independiente Progresista (SIP) es el único que lleva meses pronunciándose públicamente y con claridad y contundencia sobre el derecho de los empleados públicos de Extremadura a disfrutar de los cuatro días de permiso derivados de la modificación del artículo 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores.
Lo hicimos con motivo de las lluvias torrenciales del invierno anterior. En aquel momento, empleados públicos se pusieron en contacto con nosotros por un doble temor: si hacían ejercicio de su derecho, sus responsables les estaban amenazando con sanciones; si no lo hacían, tenían que poner en riesgo su seguridad. Una dicotomía absolutamente inaceptable cuando el derecho existe legalmente desde el 29 de noviembre de 2024.
Y lo volvimos a hacer con las olas de calor del comienzo del verano que está concluyendo, advirtiendo a la Junta que las alertas naranja que se difundieron constituyen, sin duda, una comunicación institucional que habilita al uso de los cuatro días de permiso del nuevo artículo 37.3.g).
Ante la completa pasividad de la Mesa General de Negociación a este respecto, y de la propia Junta para habilitar las herramientas con las que hacer uso del derecho, el SIP ha tomado la iniciativa de realizar una solicitud formal a la consejera de Función Pública que abre un procedimiento jurídico con todas las garantías. Lo hemos hecho esta misma mañana por escrito, y dirigiéndonos a ella como consejera y como presidenta de la Mesa.
La situación es grave porque los empleados públicos tienen a día de hoy un derecho que la Junta bloquea, y ese bloqueo pone en riesgo potencial la seguridad y la vida de los trabajadores.
Como en todos los demás temas, el SIP no lo va a permitir, y ha puesto ya la cuenta atrás jurídica para que los cuatro días de «permiso climático» sean una realidad en la Junta de Extremadura.
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