España es un país asolado por la corrupción, por el incumplimiento de las Administraciones en una amplia gama de preceptos legales (en perjuicio de la ciudadanía y singularmente de los empleados públicos) y por la falta de transparencia en muchos procesos administrativos. Una de las pocas esperanzas que tenemos ahora es que la Unión Europea (UE) lleva años trabajando en acabar con todo eso, incluyendo la formalización jurídica del principio de buena administración, residual en España por el momento.
En ese ámbito de largo plazo, la UE financia el proyecto VoiceGuard: Whistleblower Empowerment & Support Initiative, que tiene como objetivo ayudar a las instituciones a aplicar estrictamente tanto la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, como la Ley 2/2023 reguladora de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que confluyen en la protección de aquellas personas que quieran comunicar irregularidades. El proyecto lo coordina en España la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR).
Dentro de ese proyecto, se imparte próximamente una formación gratuita destinada a personal de las administraciones públicas, responsables de cumplimiento normativo, profesionales del ámbito jurídico y de recursos humanos, responsables de políticas públicas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y cualquier persona que desempeñe funciones relacionadas con la gestión de denuncias o la protección de personas informantes.
Son 10 horas de formación gratuita y en línea, organizada en dos sesiones de 5 horas, con certificación de participación. Las fechas son el 15 y el 16 de septiembre, de 09:30h. a 14:30h.
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