El pasado viernes 18 de septiembre se publicaron en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) 18 listas definitivas de aprobados en el ámbito de los procesos selectivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) abiertos en convocatorias publicadas en el DOE de 26 de diciembre de 2024, es decir, hace ya casi dos años completos.
El primer elemento a tener en cuenta es este último: deberían explicarnos las autoridades por qué es necesario tardar dos años en desarrollar un proceso selectivo que afecta a un servicio público tan sensible como la sanidad. Un proceso en el que quedó en evidencia que hacían falta, como mínimo ¿siempre se convocan menos plazas de las realmente necesarias¿ dos mil plazas de profesionales sanitarios. Dos mil profesionales sanitarios sin los que llevamos dos años. ¿Por qué? Si la respuesta es por procedimientos selectivos anquilosados y excesivamente burocratizados, es imperdonable. Si se trata de falta de recursos, evidenciaría aún más la dejadez del sistema, pues la propia falta de recursos básicos prolonga la carencia de otros recursos en todo el sistema: no hay trabajadores suficientes para elegir en un tiempo razonable a otros trabajadores nuevos.
El segundo elemento a tener en cuenta es la incapacidad para lograr profesionales en áreas críticas. Las más llamativa es aquella donde hace aguas en este momento el sistema de salud, que es la atención primaria: 91 aprobados para 231 plazas, significa que se cubrirían el 39% de las convocadas, ni siquiera la mitad. Es exigible que la Junta de Extremadura explique por qué y qué está dispuesta a hacer para corregir esta grave disfunción. También ha ocurrido lo mismo en la especialidad de alergología, donde se convocaron tres plazas y solo hay dos aprobados. En otras dos especialidades (radiodiagnóstico y reumatología) ha habido solo un exceso de 40% de aprobados respecto a las plazas necesarias, y un 33% en enfermería especialista en salud mental.
Sin embargo, en las demás categorías el exceso de aprobados es considerable, llegando a multiplicarlo por treinta para la categoría de telefonista (306 aprobados para 10 plazas).
Son lógicas las diferencias entre oferta y demanda de plazas, por diversas razones (preferencias personales, exigencia de requisitos, naturaleza de las plazas, etc.), pero eso no puede servir como excusa para que la Administración lance balones fuera: es necesario revisar los procesos de selección en su totalidad (incluyendo la irregular dificultad de las pruebas, sobre la que ya hay abundantes quejas encima de la mesa) y, sobre todo, debe garantizar que todos los puestos esenciales son cubiertos por dichos procesos. En caso contrario, es evidente que algo se está haciendo muy mal y los responsables deberán hacer la correspondiente autocrítica y responder por ello.
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