El Sindicato Independiente Progresista (SIP) interpuso una denuncia ayer ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), por el incumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Tal como informamos aquí la semana pasada, la Junta de Extremadura ocultó, entre enero y marzo de este año, el canal del informante que la ley obliga que esté claramente visible, estableciendo detalles de cómo debe informarse de su existencia.
Si la AIPI considera que efectivamente se han cometido infracciones muy graves, las multas serán muy importantes. Si se considera que la responsabilidad recae en personas físicas, de hasta 600.000 por dos infracciones muy graves. Si se considera que recae en personas jurídicas, de hasta 2.000.000€.
La Junta incumple la ley permanentemente. Con la anuencia de personas concretas. En algún momento alguien lo pagará muy caro. La ley hace cada vez más complicado que se incumpla y que los incumplimientos salgan gratis. Y los sindicatos no estamos para negociar el cumplimiento de la ley. Estamos para exigirlo. El por qué otros sindicatos no lo hacen, no lo sabemos, habría que preguntárselo a ellos.
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