Durante los últimos días estamos viendo enérgicas revueltas en numerosos países europeos como Francia, Italia, Bélgica o Portugal, que se unen a la acampada española de Sol por la imposibilidad de los jóvenes de acceder a una vivienda, relacionada con la existencia de bajísimos salarios, que ha provocado la huelga que el SIP apoya.
Una de las razones que animan toda las propuestas europeas es el incremento del precio de los carburantes, que empieza a hacer un calvario la vida de cientos miles de trabajadores.
El SIP solicitó el pasado 29 de septiembre la generalización del teletrabajo para paliar este coste añadido para miles de empleados públicos de la Junta de Extremadura. Pero, como es costumbre, más de veinte días después todavía no ha respondido. Eso es lo que siente una mayoría social: que las instituciones no responden. Que ellas van por su carril y nosotros por el nuestro.
El 14 de octubre registramos nuestra propuesta de compensación económica o en tiempo libre para los miles de empleados públicos que no pueden disfrutar de las ventajas del teletrabajo, pues sus plazas son de presencialidad obligatoria. Ventajas entre las que se cuenta, lógicamente, un menor coste económico por los traslados del domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio, incluyendo los riesgos añadidos.
Los responsables políticos se caracterizan precisamente por su irresponsabilidad. Irresponsabilidad por no adelantarse a los problemas, por no poner soluciones cuando surgen y por hacer oídos sordos a la ciudadanía, tanto si protesta de forma organizada dentro de las instituciones, como es el caso de los sindicatos, como si lo hace de manera disruptiva en la calle. Parece que solo cuando emerge la violencia despiertan de su letargo y empiezan a preocuparse.
La Junta de Extremadura la vemos como un ente que no escucha, que no responde, que no atiende. Es como si tuviera sus propios intereses, que desde luego no son los nuestros.
Cuanto antes, los responsables políticos extremeños deben tomar medidas ante la escandalosa pérdida de poder adquisitivo de una gran parte de la sociedad, ante el alarmante incremento de la desigualdad y del volumen de trabajadores pobres, entre los cuales se cuentan, desde luego, muchos empleados públicos al servicio de la Junta.
No vale lamentarse cuando la ciudadanía se harta. Hay que tomar medidas cuando aún se puede. Y deben tomarlas quienes cobran para tomarlas.
Comunicado sobre propuesta de compensación de presencialidad obligatoria.
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