El pasado 29 de septiembre el Sindicato Independiente Progresista (SIP) se colocó a la vanguardia del sindicalismo en la Administración Pública en Extremadura al dar pasos para la conquista de nuevos derechos.
Ese día registramos una solicitud ante la consejera de Función Pública, Elena Manzano, para que generalice el teletrabajo en tanto los precios de los carburantes continúen asfixiando las economías de los empleados públicos. Esta solicitud abre la puerta también a vincular la inflación, singularmente en algunos productos estratégicos, a la organización laboral en las Administraciones Públicas y en todos aquellos puestos susceptibles de teletrabajo también en la empresa privada. La solicitud tiene su apoyo jurídico en el artículo 16 del Decreto 44/2025, de 27 de mayo, por el que se regula el teletrabajo, que permite un régimen especial por circunstancias excepcionales.
Pocos días después, el 14 de octubre, registramos una nueva solicitud, de medidas compensatorias para todos aquellos empleados públicos que desempeñan su trabajo en puestos de presencialidad obligatoria o no susceptibles de teletrabajo. Esta propuesta persigue compensar las diecinueve cargas que soportan estos empleados públicos respecto a los que pueden teletrabajar, y complementar así unos salarios que pierden capacidad adquisitiva a marchas forzadas, dejando a miles de trabajadores con sueldos de miseria. Se recogen decenas de firmas de apoyo diarias para la propuesta.
El precio de los carburantes va a seguir subiendo, dada la situación geopolítica internacional, que incluye dos conflictos que afectan directamente: la guerra en la frontera rusa y el grave conflicto entre EEUU e Irán que afecta al tráfico en el estrecho de Ormuz.
Las Administraciones Públicas no pueden sustraerse a sus obligaciones: poner solución a las consecuencias nocivas de esta situación. Y mucho más en Extremadura, que se encuentra a la cola nacional en riqueza por habitante y en salarios.
La Junta ya cuenta con nuestra doble propuesta, que favorecería al 100% de los empleados públicos. ¿A qué esperan los demás sindicatos para respaldarlas o, si no, para proponer otras mejores?
En este contexto, cualquier medida de presión y de rebelión por parte de los empleados públicos, como la decisión de los orientadores educativos de cuestionar el uso de sus vehículos privados para su trabajo, es necesaria, y hay que aplaudirla y apoyarla.
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