La gestión del teletrabajo se ha convertido en uno de los nuevos agujeros negros de la Junta de Extremadura: arbitrariedad, desigualdad y ausencia de transparencia sobrevuelan sobre cada uno de los nuevos derechos de los trabajadores.
Todo trabajo que pueda hacerse a distancia manteniendo las mismas condiciones de calidad en el servicio público debe poder convertirse en teletrabajo, sin que el criterio personal de un responsable o excusas absurdas puedan interponerse entre los empleados públicos y su derecho a conciliar vida personal y vida laboral.
De hecho, el teletrabajo está legalmente pensado también para ahorrar costes energéticos o evitar riesgos laborales. Son hasta diecinueve las ventajas que hemos enumerado en nuestra propuesta de medidas compensatorias para puestos de trabajo de presencialidad obligatoria. Por eso, entre otras cosas, hemos pedido que se generalice el teletrabajo mientras no bajen drásticamente los precios de los carburantes.
Los responsables del SEXPE han decidido que su unidad orgánica es distinta al resto de la Junta: trabajadores que podrían estar teletrabajando y no lo están; un proyecto piloto que no ha existido en ninguna otra parte de la Junta y que, a pesar de dar resultado positivo, no ha derivado en la puesta en marcha del teletrabajo generalizado; empleados públicos que teletrabajan y otros que no; instrucciones internas sin transparencia; informes de productividad diaria para fiscalizar el teletrabajo que resultan humillantes para los trabajadores y que restan productividad a la jornada laboral. Un auténtico disparate.
Este es un ejemplo de que en la Junta hay empleados públicos de primera, de segunda y de tercera para todo, también para el teletrabajo.
El SIP seguirá investigando sobre la aplicación del teletrabajo en el SEXPE y solicitará información al respecto, para poder ofrecer un criterio completo y sólido sobre la gestión de este tema en la Junta de Extremadura.
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