Tal como anunciamos ayer, el Sindicato Independiente Progresista (SIP) ha impugnado las elecciones en el ámbito de la Administración General de la Junta de Extremadura, por graves vicios que han impedido a nuestro sindicato hacer su trabajo y, por tanto, alterará el resultado de las mismas.
El texto completo detalla, desde los acontecimientos más recientes hasta los que provienen del inicio del mandato sindical, en 2023:
- Filtración de un documento con fechas y lugares de exámenes para pruebas selectivas de personal laboral, por parte de la Junta, que llegó a algunos sindicatos a finales del mes pasado.
- Negociaciones sobre equiparación salarial en pleno periodo electoral (desde el 6 de octubre), de las que ha sido excluido el SIP a pesar de ser uno de los sindicatos pioneros en su reclamación.
- Retención de información sobre el desarrollo del periodo electoral, durante tres meses, por parte de sus promotores (CSIF, UGT, CCOO).
- Retraso de dos semanas en facilitar al SIP información relevante sobre el desarrollo del proceso, por parte de la Junta de Extremadura.
- Limitación de acceso a centros de trabajo y al pleno desarrollo de la libertad sindical durante los días 6 y 9 de octubre pasados.
- Negativa reiterada de la Junta de Extremadura a facilitar información y dar respuesta a propuestas, en hasta veintitrés ocasiones durante 2026, todas ellas con registro público y detalladas por fecha, incluyendo tres solicitudes concretas al amparo del artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
- Bloqueo de las Juntas de Personal (órganos de representación de los empleados públicos) por parte del sindicato mayoritario, CSIF, responsable de su convocatoria. En el caso de la de Cáceres, no se ha convocado ni una sola vez durante el mandato 2023-2026.
- Incumplimiento de la ejecución forzosa de sentencia judicial que condenó a la Junta de Extremadura en octubre de 2025 por vulneración de derechos fundamentales (libertad sindical) del SIP, y que sigue sin ejecutar en su integridad. Esta sentencia condenaba a la Junta por:
- Negar al SIP los locales sindicales a que obliga la ley y de los que sí han disfrutado otros sindicatos durante estos cuatro años.
- Limitar ilegalmente el uso del crédito sindical del SIP durante más de la mitad del mandato 2023-2026.
- Negar el uso de la comunicación vía correo electrónico con los empleados públicos.
Tal como queda claro en el texto completo de la impugnación, esto ha impedido materialmente trabajar en igualdad de condiciones durante estos cuatro años respecto a los demás sindicatos.
La pregunta sería: ¿si esto no son vicios graves que adulteran un proceso electoral, cuáles serían? ¿si esto libertad sindical, en qué sociedad estamos?
Evidentemente, el SIP hará valer sus derechos allá donde sea necesario si la impugnación electoral no surte ningún efecto y se llevan a cabo estas elecciones trucadas como si nada hubiera pasado.
Texto íntegro de la impugnación.
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