Continuamos hoy con el análisis del acuerdo PP-VOX que determinará la vida de los empleados públicos de Extremadura y de todos los ciudadanos de la región durante, supuestamente, los próximos cuatro años. En noticias anteriores analizamos la primera y significativa página del mismo, y los dos primeros apartados del texto.
Las propuestas de sanidad van de la página 8 a la página 10, y sirven para entender que los problemas que denunciábamos ayer en relación al sistema público de salud de Extremadura no solo no tendrán solución, sino que probablemente se agraven.
Una de las principales razones de la decadencia de la sanidad pública es la desviación de recursos del Estado a las empresas privadas o, dicho de otro modo, la privatización más o menos encubierta de la sanidad. Es lo que queda más claro en el texto: «colaboración público-privada», «concertación de los servicios del MADEX» y «derivaciones coordinadas».
Es muy interesante comprobar cómo se evita hablar del sistema público de salud, y en su lugar utiliza la expresión «sistema sanitario de Extremadura». Del mismo modo, se menciona un «plan de infraestructuras sanitarias» y no de «infraestructuras sanitarias públicas». Incluso cuando se proponen «campañas quirúrgicas extraordinarias» se evita decir que se harán en el ámbito del SES, y más bien da qué pensar si, en vez de incrementar los recursos de la sanidad pública, lo que se tiene pensado es subcontratar a empresas privadas para un asunto tan delicado.
Ya denunciamos en su momento la terrible discriminación que escondía el acuerdo de gobierno respecto a los empleados públicos de Administración General de la Junta de Extremadura. Esto es así porque el texto se compromete a llevar a cabo una «equiparación salarial progresiva entre los trabajadores del SEPAD y servicios sociales que tienen la misma categoría sanitaria que los profesionales del SES». Equiparación con la que el SIP está totalmente de acuerdo, pero que esconde dos trampas. La primera es que se prevé solo para las categorías sanitarias, lo que deja fuera a algunas de las categorías laborales más maltratadas del SEPAD. La segunda es que abre una nueva brecha a las existentes entre personal docente, estatutario y el resto, pues si no se equipara también a todo el personal de Administración General, se dejará atrás, más atrás de lo que ya está, a más de diecisiete mil empleados públicos.
Privatización y discriminación son las dos ideas que quedan más claras de estas dos páginas del acuerdo. El SIP continuará trabajando por el refuerzo del Estado de bienestar y por la equiparación salarial completa que ya explicamos en su día, apoyando a colectivos como EQUIPAGEX, a cuyo manifiesto nos adherimos en su día.
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