Continuamos hoy con el análisis que venimos realizando del acuerdo de gobierno que alcanzaron PP y Vox, dando lugar al comienzo de la actual legislatura, en lo que concierne a sus consecuencias en el ámbito de la Función Pública de la región.
En noticias anteriores, ya nos referimos al debilitamiento del Estado de bienestar con la intención de disminuir los ingresos, a la desviación de dinero público a las empresas y la reducción del trabajo administrativo sin precisar cómo afectaría al empleo público, y a la intención de privatizar la sanidad de Extremadura y la grave discriminación de los empleados públicos de Administración General.
Las páginas 10-13 del acuerdo se refieren a las medidas relacionadas con la inmigración, sin que exista ni se plantee en el texto la necesidad de un informe de impacto de tales medidas en la Función Pública. Por ejemplo, en la potencial pérdida de empleo con la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.
Resulta extraordinariamente llamativo que el acuerdo muestre una extraña obsesión por las medidas judiciales en los centros de menores no acompañados, sin que ni PP ni Vox se hayan manifestado, hasta el momento, sobre las causas del asesinato de María Belén Cortés Flor, por menores españoles, en un piso tutelado en Badajoz, hace algo más de un año. Ninguno de los dos partidos, que habían iniciado juntos esa misma legislatura, han realizado autocrítica alguna al respecto de aquellos hechos, ni tampoco han mostrado suficiente atención pública a las reformas necesarias para que aquello no vuelva a pasar. ¿Importa realmente el funcionamiento de la Administración en relación con los menores, o solo el color de piel de los menores?
Todas las medidas en relación con el control de la inmigración y los cambios que se proponen respecto a las políticas actuales, conllevan potencialmente un aumento del gasto público, que habría que detraer de otra parte del presupuesto. Por ejemplo, en lo que se refiere a la creación de la Unidad Administrativa de Verificación del Fraude Prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva (esperemos que su presupuesto no sea tan amplio como su nombre) ¿De dónde se detraerán los recursos para satisfacer la obsesión de PP y Vox contra los trabajadores extranjeros?
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