El SIP presentó el pasado 1 de abril una propuesta integral de equiparación y recuperación salarial para todos los empleados públicos de Extremadura, que volvemos a resumir aquí:
- Equiparación salarial en el ámbito de la Junta de Extremadura, para que Administración General no sufra discriminaciones respecto al personal docente y al personal estatutario.
- Equiparación salarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para que los empleados de la Junta no estén discriminados frente a los de otras instituciones públicas.
- Equiparación salarial de las Administraciones Públicas extremeñas frente a las demás CCAA, para que sea real la obligación legal de igualdad entre todos los españoles, y no existan diferencias salariales (de hasta el 30%) por el mismo trabajo.
- Recuperación del poder adquisitivo perdido por parte de los empleados públicos extremeños, que se cifra en torno al 20% desde 2008.
Esta propuesta debe tener un comienzo claro (punto 1): dignificar los salarios de todos aquellos empleados públicos que apenas superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y un complemento para los trabajadores de Administración General que les equipare a sus equivalentes de categoría entre el personal docente y estatutario. Si los sindicatos que están en las mesas de negociación, que se han visto forzados a apoyar esta causa presionados por el SIP y por los empleados públicos, saben cómo hacerlo, este objetivo debería estar conseguido entre 2026 y 2027.
En 2027 se deberían abordar los puntos 2 y 3, y no más allá de 2028, se debería alcanzar un acuerdo para que todos los empleados públicos de Extremadura recuperasen el poder adquisitivo perdido desde 2008.
Habrá muchos argumentos para no hacerlo, pero uno de ellos no podrá ser el salario de los políticos extremeños.
Según el informe cerrado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, relativo a los salarios de 2025, los empleados públicos extremeños son los que menos cobran de todo el país, con diferencias impresionantes respecto a la media nacional: desde el 19,40% para el subgrupo C2 hasta el 27,53% para el subgrupo A2.
Sin embargo, el mismo informe para el mismo año, dice que la presidenta de Extremadura, María Guardiola, es la quinta que más cobra del país, con 89.622€ que, según la tabla salarial actualizada a 2026, son ya 93.697,24€. Para que nos hagamos una idea de lo bien «equiparada» que está nuestra presidenta, cobra el 12% más que el presidente de la Comunidad Valenciana, a pesar de que esta región tiene cinco veces más de habitantes.
Esta es solo una de las muchas razones por las que la Junta de Extremadura presenta una enorme debilidad negociadora frente a los sindicatos de las mesas, siempre y cuando CSIF, CCOO, UGT, SGTEX y USO sepan qué hacer con esa debilidad.
- Correo electrónico: [email protected]
- Consulta todas nuestras noticias con la paginación, abajo, en SIP
- Afíliate: Afiliación online al sindicato – Sindicato Independiente Progresista