En una carta de cuatro páginas, con muy sólidos argumentos jurídicos, el SIP solicitó ayer al director general de Función Pública, información muy específica sobre las funciones de los empleados públicos de la Junta de Extremadura, sobre los criterios que diferencian aquellos puestos con funciones expresas y los que las tienen implícitas, y la correspondencia de cada RPT con sus descripciones funcionales.
Resulta especialmente grave que a algunos empleados públicos no se les responda a sus solicitudes por escrito de las funciones que tienen asignadas, mientras que otros sí cuentan con ellas.
La Junta de Extremadura utiliza este espacio de arbitrariedad (prohibido expresamente por la ley), como muchos sabéis, para asignarnos funciones que no nos corresponden. El informe de los expertos que encargó el Gobierno de María Guardiola para redefinir la Administración del futuro pretende incrementar aún más esa arbitrariedad, convirtiendo a los empleados públicos en chicas y chicos para todo. Dado que la voluntad política es profundizar en un camino que se aleja por completo del derecho europeo y español, a los trabajadores no nos queda más remedio que forzar todos los elementos legales a nuestro alcance para frenar esta deriva.
La asignación arbitraria de funciones no permite una evaluación rigurosa de riesgos laborales, afecta gravemente a la salud mental de los trabajadores, altera la relación existente entre el trabajo realmente realizado y los salarios percibidos y contribuye a una peor organización del trabajo. El SIP siempre ha defendido una definición personalizada, exhaustiva y rigurosa, puesto de trabajo a puesto de trabajo. Nos sorprende muchísimo, y nos decepciona, que ningún sindicato de los cinco que hay en las Mesas haya llevado esta propuesta en los últimos años.
El primer paso para poder avanzar en ese camino es conocer toda la información que la Junta tiene al respecto y eso es lo que hemos pedido a Dirección General de Función Pública. También así sabremos por qué se produce la desigualdad flagrante de que unos empleados públicos conozcan sus funciones y otros no.
Os informaremos puntualmente de la respuesta. De no recibirla, agotaremos todas las herramientas legales para obtenerla. Nos será de enorme utilidad que pongáis en nuestro conocimiento cualquier experiencia que hayáis tenido al respecto.
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