Uno de los puntos más preocupantes del acuerdo de gobierno entre PP y Vox que ha dado lugar a la actual legislatura es el que tiene que ver con su capítulo 5, dedicado a la rebaja de impuestos (página 14). Rebajar impuestos significa que la Administración deja de recibir ingresos, es decir, que o los incrementa por otro lado, o habrá menos dinero neto para atender las necesidades de la ciudadanía.
La primera de las medidas propuestas, la disminución de un 1% del IRPF a lo largo de la legislatura, podría parecer una tomadura de pelo si no fuera precisamente por sus potenciales consecuencias. Un 1% en cuatro años significa un 0,25% al año. Es una rebaja ridícula en el ámbito individual (3€-4€ en nómina) pero muy importante agregadamente: la Junta de Extremadura pasaría a ingresar 8,5 millones de euros menos en un año, es decir, por ejemplo, más de 150 docentes para un curso completo. Es fácil multiplicar por los cuatro años de una legislatura. Como en otras medidas, los firmantes del pacto no aportan un informe de impacto en la Administración, los servicios públicos y el Estado de bienestar.
La rebaja del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) al 0,5% supondría, aproximadamente, un descenso en los ingresos de 3 millones de euros al año. Lo que podría servir para incrementar en unos 50 médicos el Servicio Extremeño de Salud (SES), al que tanta falta le hace.
También se comprometieron bonificaciones en numerosas tasas y precios públicos, como la educación infantil de 0 a 3 años, licencias de caza y pesca, dirección y certificación de obras, inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y otros servicios administrativos. En total, se podría aproximar a unos 12 millones de euros menos en las arcas de la Junta de Extremadura, es decir, por ejemplo, lo que serviría para ayudar en rehabilitaciones sustanciales de vivienda a más de 1.000 familias extremeñas.
La bonificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, extendiendo la reducción en la base imponible a favor de sobrinos, podría suponer otros 3 millones menos de ingresos.
En total, lo comprometido en el acuerdo PP-Vox, supondría un descenso de ingresos para la Administración autonómica por encima de los 25 millones, que podrían financiar durante una década el presupuesto del Museo Helga de Alvear, por poner un ejemplo.
Es una lástima que ni la oposición política ni los sindicatos mayoritarios se pongan manos a la obra para explicarle a la ciudadanía estas cosas. Lo cierto es que si el actual gobierno de la Junta cumple lo prometido, el Estado de bienestar y los servicios públicos en Extremadura sufrirán el recorte de mayor magnitud que se recuerda en la región, y eso lo notaremos todos los extremeños, que ya venimos viendo hace tiempo cómo empeoran todos los servicios.
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