El anuncio de finales de mayo, de que serían externalizadas numerosas terapias de habilitación funcional del Centro de Atención a la Dependencia de Extremadura (CADEX) de Cáceres, ha derivado en una contienda política que, como siempre en estos casos, es lo de menos. No en vano, la privatización de la sanidad extremeña viene de largo y no es producto solo de un gobierno ni de un partido.
Lo relevante no es el choque entre partidos, sino que esta decisión, sustentada sobre excusas falaces, contribuye a consolidar la idea de una región incapaz de sostener su Estado de bienestar, y la clara decisión de María Guardiola de impulsar la privatización de la sanidad extremeña, como avanzamos en el tercer capítulo de nuestro análisis del acuerdo de gobierno PP-Vox.
De hecho, el SIP viene prestando especial atención al deterioro del Estado de bienestar en Extremadura, singularmente en lo que se refiere a sanidad y servicios sociales. Ya anunciamos el pasado 23 de enero que atenderíamos especialmente a lo que ocurre en el SEPAD, sin duda uno de los centros directivos que peor funciona en la Junta de Extremadura. El 16 de abril advertimos de los problemas graves de personal, que se tratan como coyunturales a pesar de ser estructurales y gravemente preocupantes.
El SIP habló claro el pasado 26 de abril, en este mismo portal del empleado, sobre la inercia, más o menos visible, en la privatización de la sanidad por parte de la Junta de Extremadura.
El 1 de mayo hubo nuevas reivindicaciones de los trabajadores para alertar sobre el estado del sistema sanitario extremeño, y el 20 de mayo una nueva movilización quiso seguir focalizando la atención sobre este tema que preocupa crecientemente.
Por tanto, la derivación de nuevas especialidades a organizaciones externas en el ámbito del CADEX, simplemente refuerzan esta idea, y dejan claro que no nos equivocamos. De hecho, a día de hoy prácticamente la totalidad de la gestión de la discapacidad en Extremadura ya no es plenamente pública, sino que se encuentra externalizada. Cabe cuestionar, de hecho que se esté cumpliendo en todos sus términos el mandato del Marco de Atención a la Discapacidad de Extremadura (MADEX). Las 6.347 familias extremeñas afectadas es lógico que estén preocupadas. A pesar de que, según la consejera «no se vaya a paralizar ningún servicio». ¡Faltaría más!
Una de las estrategias más usadas para privatizar es desviar el foco a cuestiones que nada tienen que ver, como, en este caso, la continuidad de los servicios. Pues claro que los servicios deben continuar y continuarán, salvo que los dirigentes quieran ser denunciados por algo más que dejadez administrativa y ahí estará el SIP. No se trata de si los servicios siguen o no, que por supuesto deben seguir, sino de quién los gestiona y con qué garantías.
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