El pasado 23 de mayo se celebraron procesos selectivos para empleo público en la Administración General del Estado (AGE), a los cuerpos de Gestión de Administración Civil, Gestión de Sistemas e Informática, Administración General, Técnico Auxiliar de Informática y Auxiliar General. Se desarrollaron simultáneamente en 26 provincias españolas, y en Extremadura la elegida fue Badajoz.
Se presentaron en toda España 152.149 aspirantes para 17.986 plazas, es decir, 8,5 por cada plaza. Teniendo en cuenta que se presentaron 2.842 extremeños, estadísticamente podrían conseguir 334 del total de las plazas en liza.
A pesar de ser una de las grandes citas del empleo público en España, en torno al 90% de los aspirantes se quedarán sin su sueño de un puesto de trabajo en la Administración. Una nueva ocasión para recordar el enorme desajuste existente entre la necesidad de mejorar los servicios públicos con la incorporación de nuevos funcionarios, la gran demanda de empleo público por parte de los españoles en edad de trabajar, y la escasa oferta de plazas y convocatorias, en un momento, además, en que se están produciendo grandes oleadas de jubilaciones.
Según los últimos datos, hay 65.800 extremeños en paro, y si consideramos la cifra estadística de 334 nuevos funcionarios que podrían salir de una de las convocatorias más amplias de ámbito nacional, solo el 0,5% podrán aspirar a un empleo. Si tenemos en cuenta todas las personas en edad de trabajar, que en algunos casos pretenden encontrar un hueco en el empleo público o mejorar su trabajo, el porcentaje es un 0,05%, aún más ridículo.
Sabemos que la AGE está asumiendo jubilaciones masivas y que sus servicios se encuentran cada vez más esquilmados, sin que las CCAA terminen por asumir tampoco todas sus tareas. La sensación que tiene la ciudadanía de tener cada vez más lentos y peores servicios no es una sensación: son datos.
Las Administraciones Públicas deben asumir con urgencia un plan de choque que incluya una estrategia de relevo para decenas de miles de jubilaciones en empleos clave, así como una oferta de empleo público masiva en todos sus niveles (local, regional y nacional) que, además de servir para garantizar la calidad de los servicios públicos españoles, contribuya a aumentar empleo estable que permita construir proyectos de vida a largo plazo.
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