Como hemos observado ya en las cinco partes anteriores del acuerdo de gobierno PP-Vox, el capítulo seis, dedicado a la vivienda (páginas 15-18), establece una fuerte disminución de recursos públicos sin detallar de qué partidas presupuestarias se detraerán, así como la privatización de funciones tradicionalmente reservadas al Estado.
El acuerdo propone la reforma de la Ley 11/2018, de Ordenación Territorial y Urbanística (LOTUS) en la línea de recaudar menos impuestos. La llamada «prioridad nacional», el concepto más polémico de los acuerdos nacionales PP-Vox, restringe hasta tal punto el establecimiento de viviendas habitadas por inmigrantes que les imposibilita, de facto, la permanencia en nuestro territorio lo que, a la larga, supondrá también una merma en la recaudación fiscal. Junto a eso, se comprometen también a reducir los ingresos de la CCAA en concepto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), en incentivos fiscales para el alquiler y en deducciones para rehabilitaciones de vivienda. Por tanto, también el IRPF queda ampliamente esquilmado, entrando de lleno en el mismo ámbito que provocó la burbuja de la vivienda que provocó la crisis financiera de 2008.
Junto a las rebajas fiscales que no establecen cómo impactarán en los servicios públicos, se apoya la entrada de las empresas privadas en la construcción de viviendas públicas, apostando de nuevo, como en todo el documento del acuerdo, en sustituir la fortaleza de un Estado sólidamente financiado por la transferencia de dinero de los bolsillos de los trabajadores extremeños a las empresas.
Tampoco refleja el acuerdo qué impacto podría tener en el empleo público la eliminación de trámites en la LOTUS o la eliminación de regulación en la construcción de vivienda.
No se puede negar la coherencia a lo largo de todo el texto, en el cuerpo analizado hasta el momento por el SIP: prioridad para las empresas privadas frente a los servicios públicos, deterioro del Estado de bienestar a golpe de carencia de ingresos fiscales y eliminación de las funciones de control de la Administración que más temprano que tarde producirá destrucción de empleo público.
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