El pasado domingo 21 de junio, y tras las quejas de trabajadores de varios centros del SEPAD, el SIP solicitó por carta, a la consejera de Salud y Atención a la Dependencia y a la directora gerente del SEPAD, la toma de medidas urgentes para aliviar las altas temperaturas en los centros residenciales, así como un informe sobre el grado de ejecución de las intervenciones comprometidas en materia de climatización.
Pasada una semana, ni directora gerente ni consejera han respondido, y tampoco se han solucionado los problemas, habiendo registrado el pasado miércoles 24 de junio hasta 34 grados en algunas habitaciones de la Residencia San Francisco de Villanueva de la Serena.
Ayer domingo, enviamos nueva carta al director general de Función Pública, como máximo responsable de Prevención de Riesgos Laborales, recordándole que se han superado los cuatro días sin respuesta que el Estatuto de los Trabajadores establece como plazo para acudir a las autoridades si no se toman decisiones sobre incidencias notificadas que puedan provocar problemas de salud graves entre los trabajadores. Le recordamos que la semana entrante se prevén temperaturas de hasta 42 grados en Extremadura, en la peor ola de calor de los últimos años.
La comunicación que realizamos ayer es previa al escalado a Inspección de Trabajo, si la Junta de Extremadura no satisface las dos solicitudes que hemos elevado a las principales autoridades de las dos consejerías responsables en la materia.
Una vez más, es lamentable comprobar cómo se incumple íntegramente el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Extremadura, a pesar de su amplio desarrollo durante veinte páginas, que prevén la existencia de Servicios de Prevención, Coordinación de la Prevención, múltiples dirigentes responsables en la materia, Delegados de Prevención o el Comité de Seguridad y Salud. Todo un ejemplo de decorado cartón-piedra en el que han jugado y juegan un pasivo papel protagonista los sindicatos mayoritarios y nacionales.
El SIP llegará hasta el final en la lucha por la salud y la seguridad de los empleados públicos, al igual que en todas las materias en que la voluntad de la Junta de Extremadura parece muy alejada de los intereses de los trabajadores.
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