Desde el 19 de febrero de 2024, tras sentencia del Tribunal Supremo, la Junta de Extremadura no puede seguir abonando trienios consolidados como personal laboral a los empleados públicos que, por cualquier vía, se hayan convertido en personal funcionario. Los responsables de la máxima institución extremeña estuvieron varios años litigando, gastando dinero público en intentar evitarlo, pero, una vez más, el SIP les ganó la batalla.
El 13 de mayo de 2024, en reunión personal con el entonces consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, en la que estuvo presente el actual secretario general del SIP, Enrique Pérez Romero, ya se solicitó que la Junta corrigiese de oficio todas las nóminas erróneas y regularizara los cobros de todos los empleados públicos afectados. El 16 de diciembre de 2024 lo hicimos por escrito a la Dirección General de Función Pública.
La Junta hizo caso omiso y, como ya publicamos en su momento, el SIP ha tenido que seguir promoviendo reclamaciones individuales, como la de una trabajadora de Villanueva de la Serena que recibió 5.598€ en concepto de atrasos.
El problema, lejos de solucionarse del todo, se ha agravado con el desarrollo del proceso de estabilización, pues algunos empleados públicos que eran laborales se han transformado en funcionarios. A pesar de la experiencia judicial adversa, la Junta insiste en seguir pagándoles los trienios como personal funcionario, a pesar de haberlos consolidado como personal laboral, sufriendo los trabajadores una pérdida patrimonial, como ya advertimos el pasado 28 de mayo.
Ayer mismo, el SIP envió una nueva comunicación por escrito a Dirección General de Función Pública, solicitando la regularización salarial de oficio, bajo la obligación de los principios jurídicos de igualdad, sometimiento pleno a la ley y al Derecho, de buena administración, de eficacia, de economía procesal, de lealtad institucional y de jurisprudencia útil.
Seguiremos gestionando las reclamaciones individuales de nuestros afiliados, pero no es defendible por parte de la Junta que siga obligando a los empleados públicos a perder su tiempo en regularizar una situación que solo atañe corregir a la propia Administración.
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