El pasado 26 de mayo, el SIP insistió ante la Dirección General de Función Pública en la necesidad de que trate por igual a todos los empleados públicos en cumplimiento de la ley, en tanto que nos consta que hay trabajadores que tienen sus certificados de funciones, mientras que a otros no se les facilita.
Ese escrito contenía sólidos argumentos jurídicos que a la Junta de Extremadura le costará soslayar y, si lo hace, le llevará a perder el contencioso-administrativo en el que estamos dispuestos a obligar a sus dirigentes a cumplir la ley.
Esta lucha no es nueva para el SIP, que el 12 de diciembre de 2024 ya envió sendos escritos a la Dirección General de Función Pública y a la Consejería de Educación y Formación Profesional en este mismo sentido. Ayer mismo le recordamos a los responsables de ambos organismos su falta de respuesta, y les solicitamos que nos certifiquen su silencio, habida cuenta que no hacerlo se trata de otro incumplimiento legal.
Esta exigencia se enmarca en la serie de solicitudes que anunciamos el pasado lunes 6 de julio, habida cuenta de que el SIP no es un sindicato que se resigne al silencio de los responsables públicos, ni a sus incumplimientos legales. Ya les ganamos un importante juicio en octubre pasado, y no será el último.
Nos cuesta mucho comprender la pasividad de los sindicatos mayoritarios y nacionales que, presentes en las mesas, y con millones de presupuestos y decenas de liberados, no parece que logren una sola victoria sobre una Administración empeñada en seguir gestionando lo público como si estuviéramos en el siglo XIX, sometiendo a los administrados a la falta de transparencia, al abuso laboral y al incumplimiento de las más básicas disposiciones legales.
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